Tragedia de “El Caracazo” Febrero de 1989.
Caracas 27 de Febrero.-
Mucho se ha escrito y documentado sobre este hecho histórico ocurrido en nuestro País en febrero del año 1989.
A continuación presentamos a ustedes una breve sinopsis de este acontecimiento que creo un hito, antes y después del “Caracazo”.
El “Caracazo”, fueron una serie de fuertes protestas y disturbios ocurridos en Venezuela, estrechamente relacionados con medidas económicas anunciadas y puestas en marcha durante los primeros dias del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que comenzaron el 27 de febrero en la población de Guarenas, extendiéndose luego hasta la Ciudad de Caracas y posteriormente a casi todo el País.
El sufijo aumentativo “Caracazo” se le atribuyó a Caracas, la ciudad donde acontecieron los disturbios y saqueos más violentos y la mayor cantidad de fallecidos. Después de varios días el estallido social, rebaso la capacidad de los cuerpos policiales, en este caso la Policía Metropolitana (PM), la Policía Técnica Judicial, (PTJ) y la DISIP, fue entonces cuando el ejecutivo nacional al mando del presidente Pérez, ordeno a la Guardia Nacional y al ejército, reprimir con armas de fuego al pueblo. El saldo de muertes según las cifras oficiales reportaron 276 muertos y numerosos heridos, sin embargo algunos reportes extraoficiales hablan de más de 3000 desaparecidos.
Causas económicas
Con la llegada a la presidencia de Pérez en el año 1989, no vino un milagro, sino lo que se conoció como «el gran viraje», que no fue otra cosa que un plan acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que exigía grandes ajustes macroeconómicos, y que acabarían siendo conocidas como “El Paquetazo”.
«La gente pensaba que él podía mágicamente volver a los años 70»
La economía venezolana entró en crisis a raíz del endeudamiento en el que incurrió el país después del «boom» petrolero en los 70. A partir de la caída del precio del petróleo comenzó una ralentización económica paulatina, mientras el Estado Venezolano aumentaba su recaudación y gastos. Esto causó una devaluación de la moneda en 1983. A partir de entonces las políticas económicas de los gobiernos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi no fueron capaces de frenar las espirales inflacionarias, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Algunas de las políticas que emplearon estos gobernantes para frenar los efectos estructurales fueron controles de cambio a través de RECADI (Luis Herrera Campins) y un control de precios (Jaime Lusinchi), medidas que devinieron en corrupción administrativa y mercados negros de divisas y bienes. Sin embargo, la quiebra estructural del mercado interno generó una escasez gradual.
En 1988 resulta electo Carlos Andrés Pérez en los comicios del 4 de diciembre con 3 879 024 votos, 52,91 % de los sufragantes. Con este gran respaldo electoral, el gobierno de Pérez planteó una serie de medidas económicas liberalizadoras, tanto de la producción como en los precios de los bienes, proponiendo una progresiva desregulación a través del programa de ajustes macroeconómicos impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se le llamó «Paquete Económico», también conocido como “El Gran Viraje”.
Se anunciaron medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos breves. El paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social.
Las principales medidas anunciadas y aplicadas fueron:
Someterse a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4500 millones de dólares en los 3 años siguientes.
Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30 %.
Unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial.
Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante.
Liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica.
Anuncio del incremento no inmediato, sino gradual, de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.
Aumento anual en el mercado nacional, durante 3 años, de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100 % en el precio de la gasolina.
Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30 %. (Quizás este fue el detonante del estallido social).
Aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30 %, e incremento del salario mínimo.
Eliminación progresiva de los aranceles a la importación.
Reducción del déficit fiscal a no más del 4 % del producto territorial bruto.
Congelación de cargos en la administración pública.
A solo pocas semanas de asumir el gobierno, el entonces presidente Pérez, se decide poner en práctica de manera inmediata el paquete de ajustes y de medidas económicas, financieras y fiscales. El 26 de febrero el Ministerio de Energía y Minas anuncia el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e interurbano también en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%.
Disturbios
Saqueadores corriendo con bienes robados.
Los disturbios se iniciaron en Guarenas (ciudad ubicada a 25 km al este de Caracas), inicialmente en forma de protestas, la mañana del 27 de febrero de 1989 cuando comenzó a haber problemas de transporte hacia la capital, Caracas. En un principio parecía una protesta de los usuarios por la subida del precio del transporte y de los transportistas, porque esa subida les parecía escasa. Con una rapidez sorprendente, lo que comenzó como una protesta focalizada en una pequeña ciudad, en cuestión de horas se transformó en una ola de vandalismo, violencia y saqueo a nivel nacional. Los canales de televisión transmitían en vivo los hechos, al principio en los sectores populares se veían protestas pacíficas. Incluso existen videos en los que se ve a la policía metropolitana intentando poner orden a los saqueos para evitar la violencia.
En horas de la tarde, había problemas en casi todos los barrios populares y urbanizaciones de Caracas, los comercios habían cerrado y el transporte público no prestaba servicio.
Nubes de humo de incendios en Caracas.
En los días siguientes, los medios de comunicación mostraron imágenes que permitieron ver la magnitud de los saqueos. Durante muchos meses se discutió cómo pudo acontecer algo tan violento en Venezuela. En tal sentido hay quienes sostienen la teoría de que parecía que había sido una situación provocada. En tal sentido, el general Carlos Peñaloza, quien le venía haciendo seguimiento al movimiento conspirador de Hugo Chávez Frías, describe en su libro «El Delfín de Fidel», cómo Fidel Castro habría infiltrado en Venezuela un pelotón de francotiradores cubanos para actuar durante la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez días antes del estallido social. Sostiene además que esos mismos francotiradores, serían los que dispararon desde los cerros de Caracas contra las fuerzas de seguridad que se iban desplegando durante los disturbios del Caracazo. Según, esta habría sido la causa que llevó a las fuerzas armadas desplegadas, a responder abriendo fuego a discreción. Este hecho nunca fue corroborado.
Protestas violentas también se originaron en otras ciudades como La Guaira, San Cristóbal, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.
Desbordado por los disturbios y saqueos, el Gobierno declaró el toque de queda, militarizó las principales ciudades del país y controlando la ola de vandalismo. En la ciudad de Caracas se activó el «Plan Ávila», el cual confería al Ejército la custodia de la ciudad, habilitándolo además para el uso de armas de guerra al momento de contener la violencia, los saqueos y el vandalismo. Esto trajo como consecuencia una autentica masacre.
Multitudes reunidas durante disturbios.
Hubo un número desconocido de muertos, algunos organismos de Derechos Humanos hablan de miles. Hubo también enormes pérdidas materiales y miles de heridos. El Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC) determinó con identificación exacta de las víctimas (cédula de identidad, nombre y apellido, circunstancias de la muerte) un número de 380 que siempre se consideró parcial (la lista fue entregada al Ministerio Público). La represión fue especialmente dura en la Universidad Central de Venezuela, así como en los barrios pobres de la capital.
El 2 de marzo de 1989, cuatro días después de iniciado el estallido social, fue fundado a las puertas de la morgue de la ciudad de Caracas, bajo la coordinación de Enrique Ochoa Antich, exdiputado y para entonces Coordinador del Comité para los Derechos Humanos, el Comité por los Desaparecidos y las Víctimas Inocentes que luego cambiaría su nombre por el de COFAVIC (Comité de los Familiares de las Víctimas). Fue este Comité quien informó a los medios nacionales e internacionales sobre las dimensiones de la supuesta violación masiva y sistemática de los derechos humanos por parte del Estado Venezolano durante estos sucesos.
Consecuencias
El Caracazo fue una de las consecuencias y agravantes de la inestabilidad política que vivía Venezuela durante las décadas del 60 y 70 cuando comenzó de la crisis económica e institucional. El programa de gobierno fue modificado tras los hechos; Carlos Andrés Pérez convocó un Consejo Consultivo en el que estuvo también involucrada la oposición, en un intento por reconducir la situación social de Venezuela. El 7 de Marzo se decreta la liberación de precios. Se acelera el proceso de descentralización con la primera elección directa de Gobernadores y Alcaldes celebrada en diciembre de 1989, lo cual permitió un respiro democrático.
El clima de descontento popular agravado por el “Caracazo” fue seguido en 1992 por dos intentos de golpe de estado: uno el 4 de Febrero y otro el 27 Noviembre. Se trataba de un movimiento conspirativo que venía operando en el ejército desde 1982 y que ya habría tenido un intento de golpe también frustrado en octubre de 1988. La creciente desaprobación de la gestión del Presidente Pérez, la ruptura con el partido Acción Democrática, la falta de nuevos liderazgos, la corrupción de la clase política y del bipartidismo tradicional, junto con el paquete de medidas macroeconómicas aplicado, hicieron propicio el momento para las intentonas golpistas que el presidente Pérez logró frustrar.
En marzo de 1993 el Presidente Carlos Andrés Pérez es acusado oficialmente de corrupción y apartado del cargo, asumiendo la presidencia por designación del Congreso Nacional (Actual Asamblea Nacional) Ramón J. Velásquez, quien fue sucedido por Rafael Caldera tras las elecciones de 1994. El teniente coronel Hugo Chávez, uno de los líderes de la primera intentona golpista de 1992, es declarado culpable de dirigir la rebelión militar, siendo encarcelado y luego sobreseído su caso por el presidente Rafael Caldera. Restituido en sus derechos políticos, el coronel se presentaría posteriormente a las elecciones de 1998 y las ganaría. Apoyándose en el descontento y frustración de los venezolanos del momento.
Respuesta militar a los saqueos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la actuación del gobierno. El Estado se comprometió a indemnizar a las víctimas, hecho cumplido parcialmente en el año 2004 con aquellas víctimas representadas por la organización de derechos humanos COFAVIC. Sin embargo, a finales de 2006 el gobierno del Presidente Hugo Chávez, a través del Ministerio del Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.
En 2005 se estrenó en los cines venezolanos «El Caracazo», una película dirigida por Román Chalbaud, cuyo argumento está basado en los sucesos ocurridos durante el mismo.
Cifras
Muertes: Según la cifra oficial emanada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos así como cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes en el cementerio General del Sur, denominado “La Peste”. Como consecuencia de esto, Enrique Ochoa Antich Coordinador General del Comité de Familiares de las Víctimas, introduce una solicitud ante los tribunales para que se incluyan a otros 68 cuerpos sin identificar y que se encontraban fuera de la lista oficial. “Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos”, según se cita en el portal del Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC), en los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989. En esta organización no gubernamental sólo se reunieron 42 familiares de fallecidos y desaparecidos, además de otras tres víctimas que quedaron incapacitadas, no obstante, la cantidad de civiles masacrados el 27 de febrero y los días posteriores es difícil de calcular. De hecho, se habla de entre 2.000 y más de 3.500 personas asesinadas, aunque el entonces ministro Italo del Valle Alliegro, señalaba un poco más de 300.
En el libro Desaparición Forzada, sus autores, Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini, señalan que las acciones por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez el 27 de Febrero alcanzan proporciones que las acercan al más brutal genocidio de la historia Venezolana. Un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años después de la masacre al pueblo Venezolano, ordenó al Estado indemnizar a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social, todas ellas representadas por COFAVIC.
Terminal de Guarenas
Pérdidas Materiales: Negocios asegurados en Caracas: Bs. 3.073.862.416,03. Negocios no asegurados en Caracas: Se estiman más de 3 mil millones de Bolívares.
Locales Saqueados en Caracas: 900 Bodegas, 131 Abastos, 95 Ferreterías, 62 Papelerías, 850 Negocios de Mercancía en General. En la Pastora sólo quedó en pie el Abasto «El Guanábano», gracias a la protección de la Catequista «Alicia de Luis Ramos» y su hijo «Juan Miguel Luis Ramos»
Incendios en Caracas: 154
Entre las personas involucradas con los hechos se encuentran:
Carlos Andrés Pérez, Presidente de Venezuela por Acción Democrática (febrero de 1989 – mayo de 1993), Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, gobernante durante los hechos.
Gral. De División (Ej) Italo del Valle Alliegro, Ministro de la Defensa. Citado en calidad de Imputado por el Ministerio público para el 22 de junio de 2009.
Gral. De División (Ej) José María Troconis Peraza Comandante del Ejército (junio de 1988 – junio de 1989)
Alejandro Izaguirre Angeli, Ministro de Relaciones Interiores.9
Virgilio Ávila Vivas, Gobernador del Distrito Federal (2 de febrero de 1989 – enero de 1992) designado por el presidente Pérez.
Gral. Manuel Antonio Gil, Comando Estratégico del Ejército
Gral. Manuel Heinz Azpúrua, para el momento de los hechos, era Jefe del Comando Estratégico del Ejército, posteriormente fue Director de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Imputado por el Ministerio Público el mes de junio de 2009.
Gral. (GN) Freddy Maya Cardona, Comandante del Regional 5 de la Guardia Nacional.
Reinaldo Figueredo Planchart, Ministro de la Secretaría de la Presidencia.
Gral. Oscar González Beltrán, jefe de la Casa Militar.
Mayor. Felipe Acosta Carlés, miembro de la logia militar MBR 200, murió en El Valle mientras dirigía la represión en esa zona de Caracas.
Miguel Rodríguez Fandeo, Ministro de Cordiplan (Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia), responsable de la planificación económica.
Galería fotográfica:
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